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Guinea Ecuatorial: Declaración Institucional de Unión Popular (UP) y Convergencia para la Democracia Social (CPDS)


 Los partidos políticos firmantes, Unión Popular (UP) y Convergencia para la Democracia Social (CPDS), conscientes de su responsabilidad como actores políticos necesarios para el proceso de democratización en curso en la República de Guinea Ecuatorial, tienen la obligación de posicionarse ante la actual coyuntura política del país, caracterizada por los siguientes hechos:

PRIMERO: La falta de voluntad política por parte del Gobierno, manifestada en el incumplimiento diario y deliberado del ordenamiento jurídico vigente en el país, lo cual ha ocasionado un grave retroceso en el proceso de cambio político iniciado hace dos décadas. 

SEGUNDO: El férreo control al que se ha sometido a los partidos políticos de la oposición prohibiéndoles celebrar actos públicos, como lo certifica la reciente negativa del Gobierno a autorizar un mitin y una manifestación a CPDS y Unión Popular, respectivamente, bajo el falso pretexto de que se prohíben dichos actos fuera de las campañas electorales. 

TERCERO: La vuelta programada, de hecho, al sistema de partido único, en el que sólo al gubernamental Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), se le concede la libertad y el derecho a propagar sus ideales políticos, utilizar a su antojo los medios de comunicación de titularidad estatal, organizar mítines y manifestaciones públicas y giras por todo el ámbito nacional, intimidando y amenazando a los militantes de la oposición en la periferia del país, adjudicarse prerrogativas que la ley otorga a los poderes del Estado (como resolver conflictos laborales y encargarse de la concesión de becas del Estado), obligar a todos los trabajadores y funcionarios públicos, empresas públicas y privadas, a pagar cotizaciones a las arcas del partido gubernamental. La ley Reguladora de Entidades Locales Menores dispone que los presidentes de los Consejos de poblados y Comunidades de vecinos sólo pueden ser militantes del PDGE, etc.

CUARTO: Los procesos electorales se caracterizan por fraudes electorales masivos y sistemáticos, organizados por una Junta Electoral controlada en su totalidad por el partido gubernamental, impidiendo la libre expresión de la voluntad popular en las urnas, e imposibilitando, de esta manera, la alternancia en el poder. 

QUINTO: El reparto de la riqueza es extremadamente injusto y la corrupción es escandalosa en el país más rico del África Central. Los gobernantes y sus familiares manejan y se reparten a su voluntad los ingentes recursos provenientes de la explotación de hidrocarburos, lo que les ha permitido acumular grandes fortunas personales. Esta corrupción, reconocida en público por el propio Jefe del Estado, ha dado lugar a que el 77 por ciento de la población esté por debajo del umbral de la pobreza, y que el 58 por ciento no tenga acceso a agua potable, como lo recoge el informe del Fondo Monetario Internacional para 2010. 

SEXTO: El desempleo es alto, y el acceso a un puesto de trabajo está condicionado a la pertenencia al partido gobernante, en un país en el que se han abandonado actividades económicas como la producción del cacao y el café, centrando la actividad productiva en el petróleo. 

SÉPTIMO: Se impide el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, obstaculizando la emergencia de una sociedad civil libre, lo que convierte a Guinea Ecuatorial en el único país del África subsahariana que no tiene sindicatos ni asociaciones profesionales, y en el que las manifestaciones están prohibidas en la práctica.

OCTAVO: Falta la independencia del Poder Judicial, y se nombra a jueces y magistrados sin formación jurídica, siguiendo criterios de militancia en el partido en poder, y poniendo las decisiones judiciales en manos de los llamados poderes fácticos.

NOVENO: Las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado, lejos de cumplir la misión que le encomienda la Ley Fundamental, consistente, entre otras, en mantener la seguridad del Estado, el orden público y el normal funcionamiento de los poderes públicos, son utilizadas por el Gobierno para reprimir y acosar impunemente a la oposición y a la población en general. 

A esta grave situación política y social, cuyo resultado es la regresión del proceso de democratización iniciado hace dos décadas, se suma ahora la ola de protestas populares en los países árabes, que han provocado la caída de los regímenes autoritarios de Túnez y Egipto.

Ante este panorama político nacional e internacional, los partidos políticos Unión Popular (UP) y Convergencia para la Democracia Social (CPDS), considerando que el diálogo y la concertación son las vías más convenientes para construir una sociedad libre, justa y democrática, en la que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades y vivan en paz y armonía, instan a Su Excelencia el Jefe del Estado a acometer, en los plazos más oportunos, una reforma política profunda que dé lugar a una verdadera transición hacia la democracia en Guinea Ecuatorial. 

Para ello, hacen las siguientes

PROPUESTAS:

PRIMERA: Declaración de una Amnistía General que permita el retorno de los exiliados políticos y la liberación de todos los presos de conciencia.

SEGUNDA: Legalización de todos los partidos políticos, sindicatos y demás asociaciones que lo soliciten.

TERCERA: Adopción de medidas urgentes para garantizar el goce real e inmediato de las libertades fundamentales en Guinea Ecuatorial: libertad de expresión, manifestación, circulación, empleo, etc.

CUARTA: Convocatoria a todos los partidos políticos a una Mesa de negociación, con el fin de concertar las medidas necesarias para la democratización del país, entre ellas la Reforma Legislativa, en los aspectos relativos a:

a) La Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial;
b) La Ley Electoral, en lo que respecta a la creación de una Junta Electoral Independiente;
c) La Ley reguladora de las Entidades Locales Menores, democratizando los mecanismos de elección de sus miembros;
d) Separación real de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 
e) Ley orgánica del Consejo Superior del Poder Judicial;
f) Reducción del mandato presidencial a dos legislaturas de cinco años cada uno, y los diputados y concejales a legislaturas indefinidas de cuatro años.

Hecho en Malabo, a 26 días de marzo del año 2011

Unión Popular (UP) Convergencia Para la Democracia Social (CPDS)

Centro Panafricano

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